La reciente sanción de la Ley 27.799 marca un antes y un después en el sistema tributario argentino. No se trata solo de una actualización de montos o de ajustes normativos, sino de un cambio profundo de enfoque en la relación entre el fisco y los contribuyentes, especialmente las pequeñas y medianas empresas.
Menos castigo penal, más racionalidad
Durante muchos años, el régimen penal tributario convivió con montos desactualizados que convertían errores habituales o discusiones técnicas en potenciales conflictos penales. La nueva ley corrige este problema de raíz.
A partir de ahora, solo incumplimientos de magnitud realmente significativa pueden dar lugar a una causa penal. Para las PyME, esto significa algo muy valioso:
volver a discutir impuestos en el plano técnico y administrativo, sin la sombra permanente del riesgo judicial.
Las diferencias de criterio, los ajustes contables razonables y las determinaciones basadas en presunciones quedan claramente fuera del enfoque penal.
La buena fe como eje del sistema
Uno de los aspectos más positivos de la Ley 27.799 es que premia la conducta responsable del contribuyente. Presentar declaraciones juradas, exteriorizar criterios contables y regularizar situaciones de forma espontánea se convierten en verdaderas herramientas de protección.
Incluso cuando una empresa no puede pagar de inmediato, el solo hecho de presentar la declaración antes de una fiscalización bloquea la posibilidad de una denuncia penal. Este punto refuerza la importancia de actuar a tiempo y con transparencia.
El nuevo foco: orden y cumplimiento formal
Si bien el riesgo penal disminuye, la ley es clara en otro aspecto:
la desorganización administrativa ahora tiene un costo alto.
Las multas por incumplimientos formales (presentaciones fuera de término, falta de respuesta a requerimientos, omisiones informativas) se incrementaron de manera significativa. El mensaje es claro:
menos castigo penal, pero más exigencia en el cumplimiento cotidiano.
Para las PyME, esto implica profesionalizar procesos, respetar calendarios y sostener una gestión fiscal ordenada.
Más previsibilidad, más planificación
La ley también introduce mecanismos claros para cerrar conflictos mediante el pago, y establece límites firmes cuando las deudas ya se encuentran prescriptas. Esto aporta seguridad jurídica, previsibilidad y la posibilidad de dejar atrás contingencias históricas.
En conjunto, el sistema se orienta a concentrar el poder sancionatorio en los casos verdaderamente graves, mientras incentiva el cumplimiento voluntario en el resto de los contribuyentes.
Una oportunidad para hacer las cosas bien
La Ley 27.799 no debe leerse como una invitación al descuido, sino todo lo contrario. Es una oportunidad para trabajar mejor, con más planificación, documentación y criterio profesional.
Para las PyME, el mensaje es alentador:
quien actúa con orden, transparencia y asesoramiento adecuado, hoy cuenta con un marco legal más justo y razonable.
Desde nuestro rol como asesores, el compromiso es acompañar este cambio de paradigma, ayudando a transformar el cumplimiento fiscal en una herramienta de tranquilidad y crecimiento, y no en una fuente permanente de preocupación.